FONDOS BUITRES: Pronunciamiento de la red LATINDADD

 

PRONUNCIAMIENTO

AFIRMAR  LA UNIDAD REGIONAL PARA COMBATIR FONDOS BUITRES
Y AFRONTAR LOS NUEVOS  DESAFÍOS DE  AMÉRICA LATINA.

Las Organizaciones de la Red LATINDADD (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) que provienen de 16 países de América Latina y el Caribe, reunidas en Asamblea Ordinaria deseamos pronunciarnos acerca del embate de los llamados "Fondos Buitres" sobre el gobierno y el pueblo de la República Argentina.

Ponemos especial atención y rechazamos  las  presiones  que sufre la República Argentina  por  la pretensión de los denominados   “fondos- buitre”  con el aval de la justicia de EEUU de desconocer la legislación nacional de Argentina, de pretender subordinar al país y a sus instituciones a su deseo de rapiña agiotista, de extorsionar y vulnerar los derechos de soberanía  jurídica  y la dignidad  nacional y de afectar así a la totalidad de derechos humanos de su población por varias generaciones.

Son horas de acción y movilización mancomunada y regional para hacer frente a estos desafíos no permitiendo que se impongan ajustes regresivos contra los pueblos y/o un “sálvese quien pueda”  que divida a  nuestra región. 

Dos medidas fundamentales en el ámbito internacional financiero y político han surgido y procuran superar la arbitraria e insostenible conducta especulativa de Fondos Buitre y de sistemas judiciales, como el sistema estadounidense, contrarios al derecho internacional y provocadores de inestabilidad financiera y atentados a la soberanía de los estados.

Por una parte, la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés e integrada por los principales 450 bancos y corredores de bonos del mundo) recién ha publicado cláusulas de acción colectiva revisadas y actualizadas y una nueva cláusula de tratamiento igualitario de acreedores para títulos de deuda soberana. El uso de estos nuevos términos en los bonos del gobierno está destinada a facilitar futuras reestructuraciones de deuda soberana.

Por la otra parte, los 130 países integrantes del grupo mayoritario de la ONU, conocido como “G77+China”, acordaron unánimemente respaldar la iniciativa de Argentina y llevar a la Asamblea de la ONU del próximo 9 de septiembre, la propuesta para redactar una nueva Convención Internacional de reglas de proceso de reestructuración de deuda soberana “para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino en base a lo que resuelvan todos los Estados miembro de las Naciones Unidas”.

Ambas decisiones históricas son muestra inequívoca, por un lado, de la voluntad política necesaria de grandes actores privados y de una mayoría de gobiernos para arrancarles a una minoría el pretexto que han usado para secuestrar el legítimo derecho de un país para reestructurar su deuda poniendo por delante el interés popular; y por otro lado, la necesidad política impostergable de modificar las reglas del viejo sistema financiero neocolonial, que nunca ha sido favorable para los pueblos y hoy no lo es ni para la mayoría de los grandes actores privados y estatales, y que amenaza con profundizar aún más la injusticia global y la inestabilidad política.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil de la región tampoco nos quedamos inmóviles frente a las acciones de los especuladores profesionales del Sistema Financiero. Es necesario no confundir la "seguridad jurídica" con la cesión de soberanía y  no conceder privilegios fiscales o financieros a inversores que comprometan nuestras posibilidades de desarrollo, de promoción de políticas públicas orientadas a la inclusión social y vulneren los marcos jurídicos de nuestros países.

Por ello llamamos a nuestros gobiernos a impulsar inmediatamente  iniciativas  concretas que fortalezcan la unidad  latinoamericana para  la protección regional. Es hora de acciones y no meras enunciaciones.

Por tanto proponemos:

·         Ante la evidente parcialidad de los tribunales de los países centrales para fallar en favor de sus intereses y el de las empresas transnacionales y en contra de nuestros Estados, denunciar todos los contratos que incluyan la cesión de jurisdicción, reafirmando los derechos inalienables a la plena e intransferible soberanía jurídica nacional.

·         Debatir y poner en marcha en forma urgente, nuevas instancias independientes regionales e internacionales para el tratamiento jurídico de las deudas soberanas, generando los tribunales adecuados para mediar en las situaciones de conflicto que pudieran suscitarse.

·         Saludamos las nuevas iniciativas en curso que pueden ser un camino efectivo para anular el accionar de los Fondos Buitres en las reestructuraciones de deuda soberana.

·         Reafirmar la necesidad de implementar inmediatamente nuevas instituciones para una nueva Arquitectura Financiera Regional, entre las que destacamos especialmente al Banco del Sur, cuya implementación es fundamental en estos contextos, así como el fondo común de reservas y de "swaps" de reaseguro permanente entre bancos centrales regionales. Creemos asimismo importante ampliar y fortalecer el intercambio comercial compensado con el uso de monedas locales y/o unidades de cuenta (como el SUCRE).

·         Trabajar en la articulación de las políticas fiscales entre nuestros países para no permitir la extorsión de posibles inversiones a través de la negociación de exenciones impositivas unilaterales que desacoplen las economías de la región y garantizar el pago de los impuestos que correspondan por las actividades comerciales y financieras que se desarrollen en América Latina y el Caribe.

La construcción de la integración regional y la reafirmación de la soberanía e independencia de nuestros países nos sitúa en nuevos escenarios de lucha y compromiso. Las Organizaciones de la Sociedad Civil de la región, como partes activas y comprometidas de nuestros pueblos, ratificamos que nuestros compromisos ciudadanos que se fundan en el respeto a los derechos humanos  y a la defensa de las democracias, nos llevan a tener posturas claras respecto de las pretensiones del Sistema Financiero de querer imponer sus lógicas e intereses por sobre los de los pueblos. Primero están la vida y los derechos humanos y los principios democráticos de gobernabilidad. Cualquier otro interés debe subordinarse indefectiblemente a aquellos.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014