Derechos en el sube y baja
Por la Red por los Derechos de los Jóvenes
Los Senadores de la Nación consensuaron un proyecto de ley en el que convergen dos reclamos sociales: por un lado, el reclamo de terminar con la ley de patronato, y crear un régimen penal juvenil acorde la Convención de Derechos del Niño. Por otro lado, el reclamo de mayor seguridad mediante la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
¿Por qué el pedido de bajar la edad de imputabilidad fue acoplado al proyecto de creación de un régimen penal juvenil? Son exigencias absolutamente distintas. La creación de un sistema judicial juvenil es una obligación legal del Estado derivada de la Convención de los Derechos del Niño. La baja de la edad de imputabilidad no es de ningún modo una obligación del Estado; muy por el contrario, para la Red por los Derechos de los Jóvenes la obligación del Estado es precisamente NO bajar la edad de imputabilidad, porque compromete los derechos de la Convención de los Derechos del Niño.
Creemos que es fundamental comprender esta forma en que se ha presentado el proyecto de ley en el Senado. Nadie hasta ahora ha explicado el motivo por el cual se anexó una posición tan retrógrada para la cultura legal argentina como bajar la imputabilidad a los 14 años, a un proyecto tan esperado y necesario para los adolescentes más vulnerables del país. Parece casi una trampa perversa.
¿Por qué creemos que NO hay que bajar la edad de imputabilidad a 14 años?
Para empezar, si se bajara la edad de imputabilidad, ya podría afirmarse legalmente que una chica o chico de 14 años puede ser una delincuente. Y esto genera un cambio absoluto de paradigma en los numerosos actores que intervienen en el tema.
En primer lugar, la sociedad argentina misma empezaría a cambiar la forma de tratar a chicos y adolescentes, sobre todo los más pobres. Serían cada vez más sujetos peligrosos, y cada vez menos sujetos de derechos. Después, las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, la prefectura, cambiarían su mirada y fundamentalmente su accionar, y comenzarían a tratar a chicos y chicas de 14 ya como sujetos de persecución penal y policial, valiéndose de lo que es su esencia: la violencia estatal (que regularmente lleva a la muerte). Con esa nueva mirada policial, la vida de estos chicos en la calle será mucho más peligrosa. También los grandes medios de comunicación dejarían de dudar en llamar a un menor delincuente –como hoy lo hacen maliciosamente— y tendrían vía libre para desplegar todo el morbo de que son capaces cuando ocurren hechos que involucran a adolescentes. Peor aún, los propios chicos y adolescentes, frente a un Estado que les dice “ustedes pueden ser delincuentes, pueden ir a la cárcel, deberán soportar la fuerza de la policía, etc.”, se verán obligados a cambiar la idea que tienen sobre sí mismos, su identidad, sus proyectos, sus desafíos frente a las dificultades, a la pobreza, o la injusticia. Ahora tendrán enfrente cada vez menos un Estado protector, y cada vez más un Estado policial.
Bajar la edad de imputabilidad significa también someter a un chico o chica de 14 años a un régimen de justicia penal. Y si bien creemos necesario terminar con el patronato, nos quedan todavía muchas reservas respecto de la creación de un régimen así y que alcance a los que tienen 14 años, ya que el ejemplo del funcionamiento de los regímenes penales lo tenemos en el sistema de adultos. En éste el derecho a la defensa está totalmente deteriorado desde que las Defensorías Oficiales están colapsadas. En éste las prisiones preventivas sin sentencia son extremadamente excesivas. En éste es recurrente el maltrato policial y penitenciario. En éste los alojamientos penitenciarios son crueles y degradantes. En éste los Fiscales y los Jueces suelen expresar menosprecio por los acusados. Habrá que batallar con firmeza para que el régimen penal juvenil sea diferente al que hoy tienen los adultos.
Vemos que en distintos ámbitos se han difundido datos falsos o equivocados sobre el incremento de la comisión de delitos graves por adolescentes, y ello no es inocente. Si la nueva ley legitima la prédica desproporcionada de algunos medios de comunicación, a nuestra sociedad le será muy difícil creer que los delitos graves cometidos por menores no llegan al 3 %. No se puede ni tiene sentido lógico alguno legislar por pocos casos comprobados. Hay un deterioro de los dispositivos y programas de inclusión y prevención para intervenir antes de que el adolescente delinca y es allí donde sociedad y Estado deben multiplicar sus acciones.
Cuando la edad baja, los derechos bajan.
Hay pocos consensos tan extendidos en nuestra sociedad como aquél que afirma que a mayor educación, menos delitos. ¿Por qué si vemos que la educación es “la salida”, los legisladores se proponen reforzar el sistema penal y bajar la edad de imputabilidad? Digamos las cosas por su nombre: el sistema penal reparte penas, no derechos sociales, como las arenas movedizas, más te movés ahí adentro, más te atrapa.
La Red por los Derechos de los Jóvenes está convencida de que el Estado debe ser el instrumento destinado a promover una sociedad más justa, redistribuyendo la riqueza que todos producimos, y no un Estado acotado al ejercicio de la violencia legítima. La decisión de bajar la edad de imputabilidad desdeña esta visión integral del Estado y tiende a limitar los derechos de los chicos. Cuando la edad de imputabilidad baja, los derechos también bajan.
¿El resultado de qué convencimientos es bajar la edad de imputabilidad? ¿Quiénes se beneficiarán? No parece fácil encontrar respuestas que tengan que ver con los derechos.
Cada vez que una sociedad decide erosionar derechos y garantías lo hace en nombre de otros derechos y garantías. Lo hemos sufrido, bastan recuerdos cercanos. Es de una ironía cruel que a 14 años de la reforma educativa que dejó a más de la mitad de los jóvenes sin terminar la escuela, decidamos responsabilizar penalmente a las chicas y chicos que nacieron con ella.
Red por los Derechos de los Jóvenes
http://ar.mc342.mail.yahoo.com/mc/compose?to=info@redxder.org.ar / http://www.redxder.org.ar/
[1] Nos referimos al proyecto de Ley “Régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal” cuyo dictamen ha sido aprobado en general por unanimidad el miércoles 8 de julio del corriente en el Senado de la Nación y pronto a tratarse en la Cámara de Diputados.
Fundación SES adhiere a esta declaración de la RED X DER.
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