El Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo, una red plural de Organizaciones y conformada por Caritas Argentina, CIPPEC, Fundación Lúminis, Fundación Cimientos. Fundación Conciencia, Fundación SES y el Foro del Sector Social, viene trabajando hace 9 años para que se incremente el financiamiento educativo y su monitoreo en la Argentina.
Hemos elaborado un documento -ver adjunto - que propone la promulgación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, sin fecha de vencimiento, que garantice la inversión educativa, como prioridad social y política y que sea formulada a la luz de las lecciones aprendidas de la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE, Ley Nro. 26.075 de 2005)
Les pedimos su adhesión institucional a este documento que compartiremos con TODOS los actores políticos que tienen que ponerse de acuerdo para cuidar lo que se ha logrado en los últimos años en materia de inversión educativa, lograr su sostenimiento en el largo plazo y atender las transformaciones pendientes del sistema educativo argentino.
Su institución puede adherir enviándonos un mail o firmando la petición en Change.org:
https://www.change.org/p/legisladores-de-argentina-por-la-sanci%C3%B3n-de-una-nueva-ley-de-financiamiento-educativo
Su adhesión, aunque no necesariamente implica un acuerdo total con cada uno de los puntos propuestos, sumará fuerza y legitimidad al pedido de tratamiento de la propuesta en el poder legislativo y en las propuestas de los candidatos presidenciables 2015.
Porque la educación es responsabilidad de todos, esperamos contar con su apoyo y colaboración, sumándose con este trabajo en red..
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APORTES PARA UNA NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
El objetivo de este documento es compartir los aprendizajes que el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo - una red plural de Organizaciones y personas - desarrolló durante los últimos 8 años a partir de la realización del monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo (LFE, Ley Nro. 26.075 de 2005), la realización de estudios de costos[1] y el desarrollo de políticas territoriales de incidencia[2].
El sentido de este documento es colaborar con los actores políticos que tienen que ponerse de acuerdo para cuidar lo que se ha logrado en los últimos años en materia de inversión educativa, lograr su sostenimiento en el largo plazo y atender las transformaciones pendientes del sistema educativo argentino.
Para lograr estas transformaciones creemos necesaria la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, sin fecha de vencimiento, que garantice la inversión educativa, como prioridad social y política y que sea formulada a la luz de las lecciones aprendidas de la implementación de la Ley 26.075.
Los puntos que siguen son considerados clave para garantizar un financiamiento educativo de calidad.
1. Proponemos la promulgación de una Nueva Ley de Financiamiento Educativo[3], sin fecha de vencimiento, que garantice los recursos que se requieren para la implementación de políticas de largo plazo en el conjunto del sistema educativo y que permita cumplir con las metas que garantizan una educación inclusiva y de calidad.
2. Reconocemos el esfuerzo y el crecimiento del 31% de la inversión en educación de los últimos años. Aún no logramos el 6% del PBI que proponía la LFE, sino el 5,32% en 2012, cifra que es insuficiente ya que quedan pendientes metas de la anterior ley sin cumplir, hemos sumado desafíos y ampliado la cobertura del sistema. Es imprescindible realizar un esfuerzo mayor para poder para garantizar una educación de calidad para todos.
3. Proponemos lograr al sexto año de implementación de la Nueva Ley de Financiamiento Educativo que la inversión alcance un 7,2% del PBI.[4] Como sabemos, el porcentaje del gasto consolidado en educación que se dedica a salarios es aproximadamente 77%[5] y, en el caso del gasto juridsiccional en educación, el porcentaje dedicado a salarios es aproximadamente 97,8%. Por ende, proponemos que del aumento de la inversión educativa del 5,3% del PBI (base 2004)[6] al 7,2%, se destine 1,5% específicamente para garantizar las metas de la nueva ley y el restante 0,4% para garantizar el aumento del salario real docente.
Entendemos que ante cualquier baja en el PBI, la inversión de cada año no debiera ser menor en términos reales que el año anterior y que debiera declararse la intangibilidad de los fondos para financiar la educación.
Sugerimos también buscar otras formas alternativas de garantizar el incremento del financiamiento. Por ejemplo según datos de la Consultora Accenture, a partir de 2020 Vaca Muerta implicará un incremento anual de medio punto del PBI - hoy serían US$ 2500 millones; si el 20% de este incremento se dedicara al financiamiento educativo, ya contaríamos con el 50% de nuestra propuesta.
4. Respecto de las responsabilidades del incremento del financiamiento, mientras continúe vigente la actual ley de coparticipación federal, aconsejamos que sean establecidas de modo tal que lo invertido por la Nación pueda compensar las desigualdades socio económicas y fiscales entre regiones y provincias (por ejemplo, estableciendo que la Nación debe invertir un 60% y las provincias un 40%).
5. Proponemos garantizar la distribución equitativa, transparente y en base a fórmulas objetivas, de los fondos del presupuesto de la Administración Pública Nacional destinados a educación y mantener el criterio de “coparticipación pisada” de acuerdo a los artículos 7º y 14º[7] de la LFE Nº26.075.
6. Uno de los aspectos claves en los que contribuyó la LFE (Ley Nro 26.075) fue el establecimiento de metas educativas y financieras[8] concretas para el gobierno nacional y para los gobiernos provinciales. Proponemos mejorar la experiencia anterior y formular metas educativas aún más precisas con horizontes temporales e indicadores objetivos y planificar los recursos financieros que se asignan para cada una de las inversiones en los niveles educativos.
7. Apoyamos las metas 2021 (OEI), las metas establecidas por la Ley Nacional de Educación, las metas del Plan Quinquenal de Educación 2012-2016 y proponemos que en la Nueva Ley de Financiamiento Educativo se integren las siguientes metas prioritarias para ser cumplidas en el período 2016 - 2019 a ser evaluadas cada 4 años:
a. Expansión de la cobertura para el 30% de las niñas y niños entre 45 días y 2 años de edad, privilegiando los sectores más vulnerados.
b. Expansión de la cobertura hasta llegar al 60% de las niñas y niños de 3 años, comenzando por los sectores de menor nivel socio económico.
c. Universalización de la oferta de educación inicial para niñas y niños de 4 años.
d. Jornada completa e infraestructura de máxima para 30% de los alumnos del nivel primario en escuelas de gestión estatal, privilegiando a los sectores más vulnerados.
e. Hacer efectivo el acceso universal a la escuela secundaria.
f. Apoyar la mejora de la educación secundaria a partir de la incorporación de horas institucionales, creación del cargo de tutor y ayuda financiera[9] para proyectos institucionales en todas las secundarias de gestión estatal.
g. Fortalecimiento de la formación docente inicial a partir de la construcción de 90 edificios de uso exclusivo para los Institutos de Formación Docente que concentran el 75% de la matrícula actual, la creación de dos cargos de coordinador de investigación por unidad educativa, otorgamiento de 6 horas institucionales pagas para todos los formadores y becas para el 40% de los alumnos y 75% de los formadores sin posgrado o doctorado.
h. Dos años de capacitación paga para docentes de escuelas públicas que atienden al 25% de los alumnos de menor nivel socio-económico y dos trimestres para el resto de los docentes de escuelas públicas.
i. Aumento Salarial del 10% del salario real.
j. Asignación de fondos para renovación de equipamiento, mantenimiento y actualización de las inversiones que en materia de infraestructura tecnológica se realizaron a los distintos niveles educativos a fin de garantizar la institucionalización del acceso a TIC como un derecho de los estudiantes primarios, secundarios y terciarios del país.
k. Transparencia de la inversión realizada en las universidades y de la mejora anual en las tasas de graduación de profesionales.
8. Proponemos la firma anticipada de convenios bilaterales[10] entre Nación y Provincia - como instrumentos de planificación de la inversión y herramientas de monitoreo del cumplimiento de la Nueva Ley de Financiamiento Educativo.
9. Proponemos que la Nueva Ley de Financiamiento Educativo prevea los mecanismos que permitan el acceso a los datos[11] sobre cómo se están utilizando los fondos previstos. Por eso necesitamos acceder a la información presupuestaria actualizada en forma desagregada y oportuna, de modo que facilite el análisis de inversión por nivel educativo y su monitoreo público. A tal fin, consideramos que debe fortalecerse el trabajo de los organismos nacionales y federales para la producción de información presupuestaria en las jurisdicciones provinciales bajo los estándares del open data y gobierno abierto.
Es el aumento progresivo y sostenido de la inversión en educación lo que logrará la escuela inclusiva y de calidad que queremos para la Argentina. Una nueva Ley de Financiamiento Educativo sería una acción de madurez institucional, un esfuerzo que como sociedad estamos dispuestos a hacer para acrecentar y custodiar lo que hemos logrado hasta ahora.
Aprendimos que no alcanza con dotar a la educación de los recursos que necesita para funcionar, es fundamental que las metas que queremos lograr sean claras, transparentes para la opinión pública, sus organizaciones sociales y las comunidades educativas que pueden crecer en compromiso y aprender a colaborar en el monitoreo de la Nueva Ley de Financiamiento Educativo en cada uno de los territorios.
El cambio cultural que necesitamos empieza por poner la agenda educativa como eje fundamental de política pública. También por comprometer a toda la sociedad con el esfuerzo de los docentes a partir de un examen de habilitación para ejercer y el desarrollo de un sistema de méritos que mejore sus salarios. Proponemos nacionalizar la reciente norma de Mendoza que protege a los docentes de las agresiones sociales y violencia sufridas por su tarea. Estas medidas tendrían efectos no sólo de prestigio, sino de justicia para avanzar a una buena y mejor educación.
Como Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo nos comprometemos a involucrar a las organizaciones sociales y comunitarias vinculadas con la educación en el apoyo de este proceso de mejora de la calidad de la educación en forma conjunta con el estado para superar las desigualdades de nuestro sistema educativo.
[1] http://www.fundacionluminis.org.ar/wp-content/uploads/2013/08/web-Cual_es_el_costo_educacion.pdf[2] http://www.fundacionluminis.org.ar/wp-content/uploads/2013/08/36-informe_fe_cordoba.pdf[3] La evolución del financiamiento de la educación en la Argentina en los últimos años ha sido posible gracias a la Ley de Financiamiento Educativo (Ley Nro 26.075 de 2005). [4] Pasar del 5,32% actual al 7,2% representa un aumento del 40% en 6 años, equivalente a 0,3% de incremento anual, lo que implicaría US$ 1500 millones cada año, que deberían distribuirse anualmente 70% a metas específicas y 30% a recomposición salarial.[5] Elaboración propia sobre la base de CGECSE/SsPE/ME y ONP/MECON. Datos correspondientes al año 2012.[6] Elaboración propia sobre la base de CGECSE/SsPE/SE/ME e INDEC/MECON. Dato correspondiente al año 2012.[7]ARTÍCULO 7º, que estipula la afectación específica de recursos coparticipables. Establécese, por el plazo de CINCO (5) años, una asignación específica de recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 5° de la presente ley en los presupuestos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ARTÍCULO 14º de que refiere a la distribución de los recursos previstos anualmente en los Presupuestos de la Administración Pública Nacional en base a fórmulas objetivas que evalúan variables como la matrícula, la población no escolarizada de 3 a 17 años, la incidencia de la ruralidad, la capacidad financiera de las provincias, la incidencia de sobreedad escolar, repitencia, desgranamiento educativo y el cumplimiento de las metas anuales de la LFE, la disponibilidad de recursos fiscales por habitante, el esfuerzo financiero por la educación que realiza cada provincia, el nivel de pobreza y desarrollo humano.
[8]Entre los que han tenido cumplimiento efectivo podemos mencionar la universalización de la sala de 5 años, la mejora de las condiciones salariales docentes y el fortalecimiento de la educación técnica, la provisión de computadoras a cada alumno, docente de escuelas secundarias públicas e ISFD que forman profesores para secundaria. Sin embargo, este importante aporte de fondos no ha logrado aún terminar con las desigualdades del sistema, ni mejorar de forma sustancial los indicadores de calidad educativa. Entre los objetivos que propuso la LFE y no fueron alcanzados, podemos mencionar la jornada completa o extendida (la meta era llegar a un 30% de cobertura a nivel nacional, y en la actualidad sólo se cubre un 6%) o la inclusión y permanencia en la escolaridad obligatoria de los sectores por debajo de la línea de la pobreza (las tasas de deserción para el nivel secundario se encuentran cerca del 50% los quintiles más bajos).
[9] Planes de Mejora Institucional que tienen como objetivo mejorar los indicadores de eficiencia interna del sistema.
[10] Los Convenios Bilaterales (así como sus Anexos y Actas Complementarias y de Monitoreo) son instrumentos de planeamiento educativo que comprometen a la Nación y a las provincias al logro de objetivos estratégicos de mejora educativa, permiten articular las acciones a implementar entre ambas partes, así como monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas financieras y educativas de las leyes nacionales. Durante el proceso de implementación de la LFE (2006-2010), estos documentos han asumido un rol fundamental, en tanto resultaron el producto de un trabajo consensuado en las dimensiones técnica y política de la gestión educativa. Para el próximo quinquenio, los Convenios 2012-2016 incluyen tres anexos en los que las partes se comprometen a realizar acciones conjuntas para mejorar la Calidad de la Educación de las jurisdicciones durante el período#. En el Anexo I se detallan las “Metas de Eficiencia Interna del sistema educativo y los Logros de Aprendizaje” para los niveles inicial, Primario y Secundario (CBS y CO).En el Anexo II se incluyen las “Metas Generales de Recursos y acciones Educativas 2012-2016”. Adicionalmente, para el ejercicio 2012 las partes acuerdan la firma de un Anexo III en el que enumeran los “Recursos y Acciones Educativas para el año 2012” e incluyen el compromiso presupuestario de cada una de las partes para ello.
[11] La LFE establece en su Artículo 13 que cada jurisdicción debía brindar “amplio acceso y difusión pública” sobre metas, resultados y recursos invertidos y aún hoy es difícil contar con los datos que nos permita evaluar el grado de cumplimiento de las metas y las inversiones realizadas.
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Carolina Añino
Coordinadora GCFE
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