PRONUNCIAMIENTO
AFIRMAR LA UNIDAD REGIONAL
PARA COMBATIR FONDOS BUITRES
Y AFRONTAR LOS NUEVOS DESAFÍOS DE AMÉRICA LATINA.
Las Organizaciones
de la Red LATINDADD (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos)
que provienen de 16 países de América Latina y el Caribe, reunidas en Asamblea
Ordinaria deseamos pronunciarnos acerca del embate de los llamados "Fondos
Buitres" sobre el gobierno y el pueblo de la República Argentina.
Ponemos especial
atención y rechazamos las presiones
que sufre la República Argentina
por la pretensión de los
denominados “fondos- buitre” con el aval de la justicia de EEUU de
desconocer la legislación nacional de Argentina, de pretender subordinar al país
y a sus instituciones a su deseo de rapiña agiotista, de extorsionar y vulnerar
los derechos de soberanía jurídica y la dignidad
nacional y de afectar así a la totalidad de derechos humanos de su
población por varias generaciones.
Son horas de
acción y movilización mancomunada y regional para hacer frente a estos desafíos
no permitiendo que se impongan ajustes regresivos contra los pueblos y/o un
“sálvese quien pueda” que divida a nuestra región.
Dos medidas
fundamentales en el ámbito internacional financiero y político han surgido y procuran
superar la arbitraria e insostenible conducta especulativa de Fondos Buitre y
de sistemas judiciales, como el sistema estadounidense, contrarios al derecho
internacional y provocadores de inestabilidad financiera y atentados a la
soberanía de los estados.
Por una
parte, la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas
en inglés e integrada por los principales 450 bancos y corredores de bonos del
mundo) recién ha publicado cláusulas de acción colectiva revisadas y
actualizadas y una nueva cláusula de tratamiento igualitario de acreedores para
títulos de deuda soberana. El uso de estos nuevos términos en los bonos del
gobierno está destinada a facilitar futuras reestructuraciones de deuda
soberana.
Por la otra
parte, los 130 países integrantes del grupo mayoritario de la ONU, conocido
como “G77+China”, acordaron unánimemente respaldar la iniciativa de Argentina y
llevar a la Asamblea de la ONU del próximo 9 de septiembre, la propuesta para
redactar una nueva Convención Internacional de reglas de proceso de
reestructuración de deuda soberana “para resolver en forma justa, equitativa y
no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino en
base a lo que resuelvan todos los Estados miembro de las Naciones Unidas”.
Ambas
decisiones históricas son muestra inequívoca, por un lado, de la voluntad
política necesaria de grandes actores privados y de una mayoría de gobiernos
para arrancarles a una minoría el pretexto que han usado para secuestrar el legítimo
derecho de un país para reestructurar su deuda poniendo por delante el interés
popular; y por otro lado, la necesidad política impostergable de modificar las
reglas del viejo sistema financiero neocolonial, que nunca ha sido favorable
para los pueblos y hoy no lo es ni para la mayoría de los grandes actores
privados y estatales, y que amenaza con profundizar aún más la injusticia
global y la inestabilidad política.
Las
Organizaciones de la Sociedad Civil de la región tampoco nos quedamos inmóviles
frente a las acciones de los especuladores profesionales del Sistema
Financiero. Es necesario no confundir
la "seguridad jurídica" con la cesión de soberanía y no conceder privilegios fiscales o financieros
a inversores que comprometan nuestras posibilidades de desarrollo, de promoción
de políticas públicas orientadas a la inclusión social y vulneren los marcos
jurídicos de nuestros países.
Por
ello llamamos a nuestros gobiernos a impulsar inmediatamente iniciativas
concretas que fortalezcan la unidad
latinoamericana para la
protección regional. Es hora de acciones y no meras enunciaciones.
Por tanto proponemos:
·
Ante la evidente parcialidad de los tribunales de
los países centrales para fallar en favor de sus intereses y el de las empresas
transnacionales y en contra de nuestros Estados, denunciar todos los contratos
que incluyan la cesión de jurisdicción, reafirmando los derechos inalienables a
la plena e intransferible soberanía jurídica nacional.
·
Debatir y poner en marcha en forma urgente, nuevas
instancias independientes regionales e internacionales para el
tratamiento jurídico de las deudas soberanas, generando los tribunales
adecuados para mediar en las situaciones de conflicto que pudieran suscitarse.
·
Saludamos las nuevas iniciativas en curso que
pueden ser un camino efectivo para anular el accionar de los Fondos Buitres en
las reestructuraciones de deuda soberana.
·
Reafirmar la necesidad de implementar inmediatamente
nuevas instituciones para una nueva Arquitectura Financiera Regional, entre las
que destacamos especialmente al Banco del Sur, cuya implementación es
fundamental en estos contextos, así como el fondo común de reservas y de
"swaps" de reaseguro permanente entre bancos centrales regionales.
Creemos asimismo importante ampliar y fortalecer el intercambio comercial
compensado con el uso de monedas locales y/o unidades de cuenta (como el SUCRE).
·
Trabajar en la articulación de las políticas
fiscales entre nuestros países para no permitir la extorsión de posibles
inversiones a través de la negociación de exenciones impositivas unilaterales que
desacoplen las economías de la región y garantizar el pago de los impuestos que
correspondan por las actividades comerciales y financieras que se desarrollen
en América Latina y el Caribe.
La construcción de la integración regional y la reafirmación de la
soberanía e independencia de nuestros países nos sitúa en nuevos escenarios de
lucha y compromiso. Las Organizaciones de la Sociedad Civil de la región, como
partes activas y comprometidas de nuestros pueblos, ratificamos que nuestros
compromisos ciudadanos que se fundan en el respeto a los derechos humanos y a la defensa de las democracias, nos llevan
a tener posturas claras respecto de las pretensiones del Sistema Financiero de querer
imponer sus lógicas e intereses por sobre los de los pueblos. Primero están la
vida y los derechos humanos y los principios democráticos de gobernabilidad.
Cualquier otro interés debe subordinarse indefectiblemente a aquellos.
Buenos Aires, 29
de agosto de 2014
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