lunes, 11 de enero de 2010

"El desafío de la inclusión escolar" Entrevista al Ministro Sileoni

Nota publicada en la edición de hoy de Página 12


La escolaridad es un requisito para el cobro total de la asignación por hijo. Hay entre 500 y 800 mil chicos fuera del sistema. En el Ministerio de Educación buscan garantizar las vacantes. Para Sileoni, “la escuela media no va a ser desbordada pero sí tensionada”.



Los cálculos más optimistas estiman en 500 mil la cantidad de chicos en edad escolar que están fuera del sistema educativo. Otros extienden hasta 800 mil ese total. Las precisiones no abundan, pero la absoluta mayoría pertenecen a sectores carenciados y forman parte del universo de beneficiarios de la asignación de 180 pesos por hijo de trabajadores desocupados o informales. La escolaridad es un requisito para el cobro total de ese monto: el objetivo implica que el sistema educativo esté en condiciones de absorber a esa masa de jóvenes y, al mismo tiempo, les garantice una oferta atractiva para sacarlos de la calle. “Teniendo en cuenta el carácter innovador y revolucionario de la medida, si ocurre lo que pensamos, va a haber inconvenientes pero serán bienvenidos: estamos con expectativas positivas, pensamos que muchos van a volver”, dijo a Página/12 el ministro de Educación, Alberto Sileoni.

En su última reunión de 2009, el Consejo Federal de Educación analizó cómo dar respuesta a la demanda. El decreto presidencial estableció que el 20 por ciento de los 180 pesos de la asignación se retiene hasta que los padres certifiquen la escolaridad de sus hijos.

–¿Cuáles son los cálculos que manejan sobre la cantidad de chicos que tienen que volver a las escuelas? –le preguntó este diario a Sileoni.

–Hasta ahora cobraron 3,5 millones de chicos. La mitad no había recibido ninguna ayuda del Estado. El 26 por ciento de ellos está en la provincia de Buenos Aires; en Santa Fe y Córdoba, el 6 por ciento. En el resto de las provincias están en un rango menor al 5 por ciento. Además hay cuarenta y pico de miles de chicos de 5 años que nunca entraron a la escuela. El grueso de los problemas los tenemos del centro hacia el norte del país en términos de inclusión y de número de alumnos: el norte grande, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, algunas zonas de la Ciudad.

–¿Cómo se van a garantizar las vacantes?

–Estamos pensando en centros de distribución de vacantes, queremos acompañar a las escuelas en la inscripción y asignación. No puede ser que la familia cargue con la pérdida de parte del beneficio si no hay lugar.

Queremos que la primera gran noticia sea que los chicos vuelvan a las escuelas y que no sea opacada con los inconvenientes naturales que pueda haber. No creemos que la escuela media se vea desbordada, pero sí tensionada. Estamos en una suerte de gesta y cada docente tiene que cumplir su obligación, seguramente va a ser más demandado que lo habitual.



Las alternativas



En la primera semana de febrero, los ministros de Educación de todas las provincias volverán a reunirse con los deberes hechos. El objetivo es que todos los chicos vuelvan a la escuela, aunque la realidad indica que será un proceso y no exactamente instantáneo.

Los problemas edilicios podrían subsanarse organizando el uso de escuelas en contraturnos. Sileoni aseguró que hay presupuesto para la construcción. En la provincia de Buenos Aires, el director General de Educación, Mario Oporto, explicó que todavía no tiene la información cruzada de la cantidad de chicos bonaerenses que cobraron la asignación con el padrón escolar para determinar cuántos son los que están fuera del sistema. “Los problemas que tengamos serán los que queremos tener, es decir los que deriven de la inclusión”, consideró. Y advirtió que se están analizando distintas alternativas, como la ampliación del Plan Fines para la terminalidad del secundario que tiene exámenes sin escolaridad sistemática.

Sileoni señaló que se está estudiando un desarrollo especial de la formación profesional que permita certificar escolaridad pero, al mismo tiempo, dar herramientas para el trabajo. El desafío es lograr no sólo que los adolescentes vuelvan a las aulas, sino que permanezcan. Muchos de ellos están incluidos en trabajos informales que les pueden resultar más atractivos que la asignación de 180 pesos. Oporto señaló que el núcleo duro es el de aquellos que puedan estar en la marginalidad o asistiendo a algún programa de recuperación de adicciones. En ese caso se prevén proyectos especiales que de ningún modo supongan recortar el beneficio por el incumplimiento de la certificación de escolaridad sistemática.

Otro punto que está en debate es el que deja fuera del beneficio a aquellos que envían a sus hijos a establecimientos privados. Oporto señaló que “se está analizando la posibilidad de extenderlo porque hay muchas escuelas parroquiales, por ejemplo, que son gratuitas, y chicos de sectores pobres que son becados en escuelas privadas”.

El encuentro plenario de ministros puso en evidencia que la información y los ritmos de cada jurisdicción no son armónicos. El ministro de Chaco, Neri Francisco Enrique Romero, expuso con precisión el mapa de sus necesidades y los caminos de solución. “El total de beneficiados en la provincia supera los 240 mil; de ésos hay 35.683 niños y adolescentes que a marzo de 2010 van a ingresar a la escuela. Hay 28.211 (casi el 80 por ciento) que tienen entre 14 y 17 años, es decir que están en edad de ingresar al secundario, pero están fuera”, dijo en diálogo con este diario.

Romero evaluó que “se necesitan más de 700 aulas. Trabajamos en dos tiempos: en el tiempo de la emergencia y en el de la respuesta estratégica. Desdoblamos turnos, y también trabajamos en acuerdos con Desarrollo Social y con municipios para contar con los centros de Integración Comunitaria (CIC)”. El ministro de Chaco señaló que todavía prima entre los docentes la idea de una secundaria selectiva, “por eso hay que poner el acento en la capacitación. Estamos convencidos de que casi 800 mil chicos son los desaparecidos sociales de la última década. Convertir en visibles a los excluidos va más allá de la inclusión y supone otra pedagogía”.



Las becas



La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) se otorga hasta cinco hijos a padres desocupados o trabajadores informales. El impacto de la medida supuso el replanteo del resto de los programas de subsidios. Sileoni ya declaró que también está en revisión el plan de 700 mil becas de 900 pesos anuales para estudiantes secundarios, con el propósito de orientar el presupuesto en becas hacia la pobreza más extrema, dirigir recursos para transporte, útiles y libros, así como fomentar un trabajo coordinado con organizaciones sociales.

En territorio bonaerense, Oporto, que recibe los recursos de la Nación para becas, comparte el criterio de redefinir el sistema para sostener proyectos de contención de los alumnos dentro de la escuela.

“Estamos todos shockeados. Esperábamos esta estupenda medida de asignación universal por hijo que supone un desafío para el sistema. En Chaco tenemos un 50 por ciento de desgranamiento, de chicos que no terminan el secundario”, destacó Romero. El nivel medio, que a partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación (2006) es obligatorio en todo el país, está sujeto a un proceso de reforma. La sobreedad, la repitencia y el abandono son los problemas estructurales que en las provincias del norte alcanzan las tasas más altas. Tasas que se replican en gran parte de los partidos del conurbano. La puesta en práctica del programa de asignación social contribuye a la retención. La garantía de vacantes es la base material. El retorno y la continuidad de todos los chicos en la escuela es el objetivo estratégico que depende más de la oferta que se logre delinear en las distintas jurisdicciones. Las autoridades educativas están en tiempo de descuento: el 1º de marzo empiezan las clases.

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