DECLARACIÓN DE MADRID

Ante la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno

de la Unión Europea, América Latina y el Caribe

Las organizaciones y redes participantes en el V Foro Euro-Latinoamericano-Caribeño de Sociedad Civil manifestamos:

La actual crisis internacional ha hecho evidente los límites de un modelo económico basado en la desregulación de los mercados, el crecimientol ilimitado y la reducción del Estado a funciones mínimas. Las consecuencias de estas políticas se están haciendo sentir en la vida de las personas, especialmente de las más empobrecidas y excluidas.

Se trata de una crisis sistémica de gran profundidad, con dimensiones económicas, alimentarias, energéticas, ambientales y sociales. De acuerdo a la OIT, 200 millones de trabajadoras y trabajadores en países desarrollados podrían verse empujados a la pobreza y, según la OCDE en América Latina 39 millones de personas volverían a caer por debajo de los umbrales de pobreza. Esta crisis también ha evidenciado la debilidad de los Estados en nuestras naciones tanto europeas como latinoamericanas y el poder de las transnacionales. Es urgente rediseñar la arquitectura de la gobernanza mundial y reforzar el carácter democrático y participativo de nuestras instituciones públicas multilaterales, nacionales y regionales.

A esta situación se suma el fracaso de la Cumbre de Copenhague, ya que los gobiernos no han cumplido su rol de alcanzar compromisos concretos, diferenciados y compartidos, de reducción de las emisiones de carbono y no llegaron a acuerdos financieros vinculantes para las políticas de mitigación y adaptación en los países con menos recursos. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del planeta, lo que exige una acción urgente, eficaz y concertada durante la próxima cumbre de Cancún.

Observamos con preocupación en ambos continentes retrocesos democráticos, violación de derechos humanos, aumento de la violencia contra las mujeres, aumento de la impunidad, militarización y escalamiento de conflictos sociales, culturales y ambientales. Particularmente recordamos el golpe de Estado en Honduras como una situación inadmisible que establece un precedente intolerable, que exige una respuesta contundente y el no reconocimiento del actual gobierno hondureño por parte de la comunidad internacional. También nos preocupa la situación de las personas migrantes en Europa y especialmente la violencia organizada que viven en ciertos países. Al mismo tiempo, nos solidarizamos ante el desastre humanitario que viven Haití y que evidencia la urgencia de cambiar las políticas de desarrollo, cooperación y ayuda humanitaria, evitando la militarización y un mayor endeudamiento de este país.

El rol de la cooperación internacional no se puede reducir a cubrir necesidades urgentes y en ningún caso utilizarla como instrumento al servicio de los intereses políticos y comerciales, sino que debe apuntar a promover el incremento de las capacidades de las personas con una perspectiva de largo plazo y a potenciar la organización y participación de los pueblos así como de los Estados en las decisiones fundamentales para su desarrollo.

Entendemos que la crisis actual es una posibilidad de avanzar más decididamente en alternativas de cambio que comprendan la complejidad e integralidad de los procesos políticos, sociales, ambientales, culturales y económicos de nuestros continentes.

La crisis ha evidenciado que se requiere mayor coraje, voluntad política y capacidad de propuesta de parte de los gobiernos. Por ello planteamos a los gobiernos de la Unión Europea (UE) y de América Latina y el Caribe (ALC), las siguientes consideraciones y propuestas sobre algunos temas que nos resultan de particular importancia:

1. Construir un modelo de relaciones entre ALC y UE en donde el diálogo político y la cooperación sean el núcleo principal de genuinos vínculos que promuevan la justicia social y los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales a partir de un profundo análisis y respeto de los modelos de desarrollo de nuestros países, de sus debilidades y ventajas.

2. Mantener y aumentar los presupuestos públicos destinados a bienestar social, priorizando: seguro de empleo, salud, educación pública, protección medio ambiental, vivienda, igualdad de género y desarrollo infantil. Los gobiernos deben comprometerse a generar trabajo decente, comenzando por aplicar el Pacto Mundial por el Empleo, y haciendo participar a la sociedad civil en la aplicación y seguimiento del mismo. A su vez, el incremento de los ingresos de los Estados, debe estar basado en reformas fiscales directas y progresivas.

3. Desarrollar una nueva arquitectura de gobernanza mundial que contribuya a alcanzar la equidad por medio de la implementación de mecanismos de justicia tributaria y comercial a nivel global.

4. Introducir medidas urgentes de regulación financiera tanto al interior de los Estados como internacionalmente, para proteger el ahorro, impulsar la producción y combatir la especulación a través de controles de cambio y de movimientos de capitales así como la prohibición del secreto bancario, de los centros bancarios extraterritoriales (OFCs) y de los llamados paraísos fiscales. Implementar impuestos a las transacciones financieras internacionales que sean mecanismos tanto de regulación financiera como de financiamiento adicional del desarrollo y combatir la impunidad de los crímenes económicos y financieros. Apelamos a elevar los estándares de compromiso ético público.

5. Detener la negociación de acuerdos de asociación entre la Unión Europea y los bloques regionales y países de América Latina y el Caribe, porque imponen agendas de negociación tipo OMC plus, no reconocen ni abordan las asimetrías entre las partes y no otorgan un verdadero trato especial y diferenciado. Los acuerdos deben asegurar la soberanía, autonomía y el necesario espacio político y normativo de los gobiernos y que privilegiar una integración regional basada en la complementariedad, sobre el libre comercio y las disciplinas comerciales basadas en la competencia. Al mismo tiempo se debe asegurar a la agricultura un trato especial, reconociendo los principios de seguridad y soberanía alimentaria, eliminando las distorsiones que generan ciertos subsidios europeos a los precios agrícolas y protegiendo a los pequeños y medianos productores de alimentos.

6. Incentivar genuinos procesos de integración de los pueblos, tanto en el marco de la UE, como de la comunidad de los países latinoamericanos y caribeños, cimentados en proyectos políticos democráticamente compartidos, sobre la base de la complementariedad, la coordinación y atentos a las asimetrías. Nos preocupa el marcado énfasis que pone la UE en la interconexión, más que en la integración, y la propuesta de la Comisión Europea de crear, con recursos de la cooperación al desarrollo, un Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL) para financiar megaproyectos de interconectividad e infraestructura con posibles impactos negativos sobre el medioambiente y las poblaciones locales.

7. Reconocer los impactos negativos del actual modelo de desarrollo sobre el calentamiento global. En las negociaciones multilaterales se debe superar la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la UE al 2020 de 20% al menos a 30% y garantizar que los países emergentes acepten también medidas obligatorias y proporcionales de reducción. Más allá, los gobiernos de la UE y ALC deben contemplar una reducción de 80% de las emisiones para 2050, así como medidas financieras de apoyo a los países más vulnerables, adicionales a la ayuda oficial al desarrollo, para que puedan enfrentar las consecuencias de los cambios climáticos. Los gobiernos de la UE y ALC también deben considerar los negativos impactos socioeconómicos y medioambientales de la producción de biocombustibles y de su actual matriz energética-industrial. Garantizar además que los fondos de compensación y adaptación permanezcan en el sistema de la ONU y estén disponibles para las comunidades locales y ONG. Impulsar mecanismos de cooperación birregional en el ámbito de las tecnologías, energías renovables y de gestión del riesgo derivado del cambio climático. Se requiere un fuerte marco legal respecto a la explotación de recursos naturales, y su estrecho monitoreo a nivel nacional e internacional.

8. Fortalecer la capacidad del Estado para regular las inversiones con normas medioambientales y sociales, que garanticen la diversidad, la riqueza biológica y cultural de los territorios, el patrimonio ecológico de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, asegurando sus derechos ancestrales y colectivos frecuentemente afectados por distintas actividades extractivas que les desplazan de sus tierras. Garantizar el acceso al agua como bien social y derecho humano fundamental, fomentando normas no discriminatorias para su uso, frenando los acelerados procesos de deforestación y desertificación, preservando la biodiversidad de los ecosistemas hídricos y terrestres y protegiendo la calidad del aire y de los suelos.

9. Democratizar las relaciones entre los Estados y la Sociedad Civil en ALC como en la UE, creando y fortaleciendo espacios y procesos vinculantes de participación ciudadana en el diseño, implementación, evaluación y control de las políticas públicas en los niveles nacionales, regionales y birregionales. Fortalecer la soberanía nacional por medio de efectivos procesos de descentralización, regionalización y participación ciudadana, desmontando las prácticas que impliquen descalificación y criminalización de la protesta y expresión social. Los gobiernos están obligados a respetar y promover el derecho de todos los sectores de la sociedad civil a participar en mecanismos de dialogo, garantizando la transparencia y el acceso a la información, en el marco de las negociaciones internacionales, pero también en la aplicación de los acuerdos, convenios y tratados de derechos humanos existentes.

10. Perseguir eficazmente las prácticas racistas y xenofóbicas en todos nuestros países. Rechazamos el crecimiento de los grupos y partidos xenófobos y racistas y demandamos la derogación de las leyes que criminalizan la migración, en especial la “Directiva del Retorno de Inmigrantes” aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2008. Las políticas de cooperación de la UE o de sus Estados miembros con ALC, no deben estar vinculadas a objetivos que apunten a regular los flujos migratorios. Por el contrario, la migración se debe entender como un derecho, un enriquecimiento y un fenómeno ineludible en el mundo actual, no como una amenaza.

11. Garantizar la existencia de un sistema de medios de comunicación plural, que fomente la diversidad, permita a la sociedad civil la capacidad de administrar medios de comunicación y garantice el ejercicio de la libertad de expresión a todos los sectores. Para ello llamamos a los Estados a establecer políticas públicas que garanticen la comunicación como un derecho y a considerarla como un eje fundamental en las políticas de cooperación al desarrollo. Canalizar recursos con el fin de favorecer la inclusión social digital masificando el acceso a las TICs, con una mayor inversión que garantice la conectividad en las zonas rurales y empobrecidas, a un costo accesible, con el fin de promover la apropiación social del conocimiento. Incentivar el desarrollo de innovaciones tecnológicas accesibles y democráticas, que favorezcan la inclusión social y contribuyan a la construcción de una mejor ciudadanía.

12. Cumplir con los acuerdos adquiridos respecto de los montos de la cooperación internacional, por lo que los gobiernos de la UE deben jugar un rol proactivo en las políticas de financiamiento para el desarrollo en función de acatar el compromiso de dedicar al menos el 0,7 por ciento de su PIB contabilizado de una manera ajustada a los criterios de verdadera AOD. Nos preocupa de sobremanera la disminución sistemática de la participación de ALC en el flujo total de cooperación oficial al desarrollo. Los nuevos créditos otorgados a ALC no deben tener condicionantes que limiten el desarrollo sostenible y las capacidades de inversión publica Por su parte, los países de ALC deberían generar mecanismos alternativos para obtener liquidez a través de la anulación de sus deudas ilegitimas previa auditoría.

13. Por último, los países e instituciones de la UE como de América Latina deben priorizar las políticas que impulsen un desarrollo que garantice y promueva todos los derechos humanos. Además a la UE le corresponde cumplir con su agenda de coherencia de sus políticas en favor de un desarrollo sostenible, implementando inmediatamente mecanismos concretos. Asimismo, a los gobiernos latinoamericanos y caribeños y la UE les incumbe articular e implementar una agenda común que promueva la coherencia de todas sus políticas al servicio del desarrollo.

Sabemos que la sociedad civil de ALC y la UE ha demostrado a través de sus múltiples organizaciones sociales y ciudadanas, ser indispensable a la hora de garantizar la defensa, promoción y ampliación de los derechos y espacios democráticos en nuestros continentes. Este impacto se explica por nuestra autonomía y legitimidad para debatir, y actuar en función de una amplia agenda ciudadana. Nos comprometemos a continuar nuestra labor de incidencia y acción solidaria, fortaleciendo nuestros vínculos y alianzas comunes en función de estos valores compartidos. En este marco, llamamos a todas las organizaciones de ambos continentes a sumarse a las actividades que se organizarán en torno a la Cumbre ALC UE de mayo de 2010, tales como Enlazando Alternativas. Y demandamos a los gobiernos una mayor apertura a un diálogo político permanente con nuestras organizaciones, sobre esta agenda de derechos y libertades.

Madrid, 16 de Marzo de 2010

Confederación Europea de ONG de emergencia y desarrollo CONCORD

Mesa de Articulación de asociaciones nacionales y redes de ONG de América Latina y el Caribe.