Con la presencia de ministros de educación o autoridades de los ministerios de toda la región, se debatieron distintos temas que componen hoy el marco de los desafíos de la Educación en el Continente.
El lugar de los docentes, la evaluación de la calidad de la educación, las TICs en la educación... fueron algunos de los temas que se debatieron y en los que se observaron diferencias importantes en la manera de considerar los mismos a nivel regional. Aún en el estilo diplomático que estos encuentros tienen, estuvo presente un debate intenso en el que se fijaron distintas posturas.
Las organizaciones sociales y redes de la región que habíamos sido invitadas, decidimos elaborar un documento-declaración para fijar postura respecto de los temas de debate.
La región debe presentar en el mes de julio su postura en el Encuentro Global que tendrá lugar en Ginebra, Suiza. El Ministro de Educación de Argentina será allí el vocero de la reunión.
A continuación colocamos el documento elaborado por las redes y organizaciones presentes y que fue leído por Camilla Crosso (CLADE) en la sesión final en representación de todos:
Contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil presentes al evento
Las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas abajo firmantes consideran oportuno el esfuerzo en marcha para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, que este año se concentra sobre el campo de la educación y sobre los cuales deliberará el Examen Ministerial de 2011 del ECOSOC, en Julio de este año.
A título de colaborar con este proceso, estas organizaciones comparten algunas reflexiones y expresan lo que perciben como pautas prioritarias, esperando que estos planteamientos puedan aportar tanto a las conclusiones de la presente reunión como también al debate que se hará en la reunión mundial en Julio.
Siguen 10 puntos que queremos enfatizar:
1. 1. El proceso de revisión de compromisos asumidos internacionalmente en el campo de la educación debe considerar, más allá de los objetivos del milenio (firmados en el 2000), de los objetivos de Educación para Todos (firmados en el 1990 y reafirmados en el 2000) y de las Metas 2021, los distintos pactos y protocolos del sistema de las naciones unidas y del sistema interamericano que fueron ampliamente ratificados por nuestros Estados y que afirman de manera inequívoca la educación como derecho humano fundamental, debiendo esa ser universal y gratuita, sin discriminación. Los pactos y protocolos de ambos sistemas ofrecen en su conjunto una riqueza de planteamientos sobre el derecho a la educación que mucho aporta para el desarrollo de marcos legales y políticos de los países.
2. 2. Al mismo tiempo que valoramos el multilateralismo y los acuerdos internacionales, subrayamos la centralidad de las legislaciones y políticas nacionales, la soberanía de los Estados y la respuesta contextualizada que cada uno da a los compromisos asumidos internacionalmente. Los procesos de revisión internacionales deben ser capaces de captar y considerar los matices de las distintas naciones.
33. Porque los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, entendemos que los procesos regionales de revisión de los avances en materia del derecho a la educación deben estar articulados a otros que van más allá del campo educativo, como los que tienen lugar en el marco del UNASUR y SICA, entre otros.
4. 4. El proceso de revisión de los compromisos internacionales en marcha debe partir de una concepción de educación afirmada y reafirmada en los pactos del sistema de las Naciones Unidas e Interamericano. Estos afirman que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. El Protocolo de San Salvador subraya además que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. Recuperar el sentido de la Educación como punto de partida para el proceso de revisión de los compromisos asumidos es fundamental ya que influye centralmente tanto en cuestiones macro, como leyes, políticas públicas, sistemas de monitoreo y evaluación, programas de formación docente, cuanto en el proyecto político pedagógico que se realiza en el cotidiano de las escuelas.
5. 5. Tal como plantea el Protocolo de San Salvador, la realización y goce del derecho a la educación se relaciona directamente con el fortalecimiento de democracias participativas, lo que implica el reconocimiento del disenso como legítimo y del debate plural como eje fundamental de la vida democrática. En este sentido, preocupa a las organizaciones aquí firmantes la criminalización de movimientos sociales y activistas que ha tenido lugar en algunos países de nuestra región y la poca apertura al disenso que viene manifestándose en algunas ocasiones. Nos parece central que en el marco de la presente revisión, se pueda debatir con mayor apertura las fortalezas y también los retos de nuestras democracias. Subrayamos además, que la participación de la sociedad civil en el debate y monitoreo de las políticas públicas es una de la estrategias centrales que plantea el Marco de Acción de Dakar. Nuestra percepción es que sigue siendo un desafío central la puesta en marcha de mecanismos institucionalizados de participación social.
6. 6. El presente momento de revisión y la reflexión que se inicia para la agenda EPT post 2015 es propicio poner en la agenda internacional los planteamientos que se articulan al paradigma del Buen Vivir, una vez que provocan una reflexión sobre el modelo de sociedad que queremos y el rol que la educación tiene en esto.
7. Asumir la educación como DH implica reconocer al Estado como garante de este derecho y por lo tanto responsable por su financiamiento en el marco del fortalecimiento de la educación pública, gratuita, para todos y todas. El financiamiento de la educación pública debe ser tal que logre garantizar todas las dimensiones del derecho: su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
8. 8, Con respecto a la cuestión de género, tanto en términos de paridad como de igualdad, subrayamos que este objetivo está lejos de ser logrado. Es crucial que se reconozcan los desafíos pendientes en este sentido, ya que parece haber, por parte de algunos Estados y organismos internacionales, un consenso de que este objetivo ya se alcanzó. En términos de paridad de matriculas, hay que profundizar especialmente el análisis sobre las problemáticas que dicen respeto a los niños (que en muchos países están menos matriculados), así como que dicen respeto a niñas de bajo ingreso y afrodescendientes y de población indígena, las cuales siguen en desventaja en términos de matrícula. Además, en lo que toca la igualdad de género, sigue teniendo lugar al interior de las escuelas la reproducción de estereotipos, discriminación y violencia en contra de niñas y mujeres, perpetuando el patriarcalismo en nuestras sociedades.
9. 9. En lo que toca a los objetivos de calidad, estos deben venir articulados a la recuperación del sentido de la educación. Nos preocupa que el entendimiento de “calidad educativa” viene reduciéndose a la adquisición de contenidos mínimos, estandarizados, bajo a una lógica de competencia entre estudiantes y entre maestros, maestras y entre escuelas, una lógica de premio y castigo, que de hecho va en contra al logro de una educación que promueve la convivencia, la responsabilidad mutua, la vida pública que se preocupa con un bien común. Los sistemas de evaluación que se desprenden de esta mirada suelen también ser reduccionistas, siendo urgente que se pueda hacer un debate más profundo, abierto y plural sobre este tema.
1o. La valorización de los y las maestras y demás profesionales de la educación es otra de las estrategias centrales presentes en el marco de acción de Dakar y prioridad central reconocida en muchos otros marcos internacionales y nacionales. Valorar a los y las trabajadoras en la educación implica la existencia de un conjunto de elementos interrelacionados: su participación en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas; el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores legítimos de los Estados; una formación inicial y permanente de calidad; condiciones dignas de trabajo, lo que incluye planes de carrera y salarios que correspondan a su responsabilidad y que permitan trabajar en una única escuela con espacio de formación; y el reconocimiento a la labor docente por parte del Estado y la sociedad.
CLADE, CTERA, CADE, FLAPE, PLAN, Fundación SES, Federación Internacional Fe y Alegría, CARITAS ARGENTINA, CLACSO y FLACSO Brasil.
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